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21 feb 2017

¿Politización de la Justicia o judicialización de la Política?

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Los Estados de Europa occidental han optado por modelos de control de la constitucionalidad concentrados en un Alto Tribunal, garante último en cada Estado de los derechos más fundamentales de su sociedad y del equilibrio entre los distintos Poderes. En este artículo vamos a analizar la crisis actual de los Tribunales Constitucionales, tanto desde una perspectiva jurídica como desde la ciencia política.

Desde un aspecto jurídico, el artículo 16 de la Ley Orgánica del tribunal Constitucional dicta que “los Magistrados del Tribunal Constitucional serán nombrados por el Rey, a propuesta de las Cámaras, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial”, estableciendo un sistema de elección tripartita que pretende una suerte de equilibrio de poderes en un cuarto poder arbitral superior a ellos. En concreto, el reparto institucional del poder de elección de sus miembros se divide cual sigue:

  • Cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados.
  • Cuatro a propuesta del Senado.
  • Dos a propuesta del Gobierno.
  • Dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Aunque formalmente se mantiene un aceptable equilibrio de poderes, pese a la preponderancia del poder legislativo, sustancialmente el 100% del poder recae en los partidos políticos: senadores y diputados se han tenido que presentar en una lista cerrada bajo las siglas de un partido político; los gobiernos en España siempre han sido monocolores, de forma que los magistrados del poder ejecutivo también están electos por el partido mayoritario; el Consejo General del Poder Judicial, desde que el expresidente del Gobierno Felipe González estableciera ese método de elección en su Ley Orgánica del Poder Judicial, también es elegido en su mayoría por las Cortes Generales (Congreso y Senado), de forma que indirectamente tales magistrados del Tribunal Constitucional también son elegidos por los partidos políticos; que el Senado elija a sus dos magistrados de “entre los candidatos presentados por las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas” introduce un elemento de equilibrio territorial, pero solo entre partidos políticos del centro y de la periferia. En suma, todos los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos de forma proporcional a su peso político por los partidos políticos, razón por la que de poco sirven las garantías establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en cuanto a incompatibilidades con la afiliación a partidos políticos.

PSOE TC

El PSOE dando publicidad a su recurso de inconstitucionalidad contra el programa económico del PP[1].

La relevancia política de lo expuesto supra es que un Tribunal Constitucional elegido con base en el mismo juego de mayorías que el resto de instituciones del Estado (Congreso, Senado, Asambleas de las Comunidades Autónomas y Consejo General del Poder Judicial, salpicando por tanto al Tribunal Supremo), difícilmente servirá de contrapeso jurídico frente a los excesos políticos de las mayorías, cayendo en el pecado voluntarista de someter el Derecho a la Política en vez de, como reclama el concepto de ‘Estado de Derecho’, someter la Política al Derecho, aunque la primera se diga legitimada por la “voluntad popular”. En definitiva, no deja de ser esto un apéndice del sempiterno debate entre iusnaturalismo y positivismo, en si la voluntad popular es la que concede derechos o si éstos son inherentes a la naturaleza humana y deben ser salvaguardados frente a todos, incluyendo la protección frente a la voluntad popular.

Como institución, los tribunales constitucionales se enfrentan a diversos problemas: el desarrollo del Estado de Bienestar y los cambios sociales (multiculturalismo, cambios de modelo de familia, etc.) han implicado un incremento exponencial de las normas, lo que incrementa enormemente su carga de trabajo, limitando su eficacia: recursos que se resuelven demasiado tarde y ya no satisfacen a nadie, o que se resuelven cuando la política impugnada ya afecta a demasiadas personas. Derivado del proceso de integración europea, esa soberanía que pierden los Estados-nacionales también la pierden sus respectivos tribunales constitucionales, que ya no son la última instancia en la interpretación del Derecho, en favor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de quienes han de incorporar su jurisprudencia. Por último, en el caso concreto de los países del sur de la Unión Europea, la relativa escasa tradición democrática y el siempre presente maniqueísmo han provocado que muchos debates políticos no se hayan quedado en los Parlamentos, sino que se hayan extendido a los tribunales: esto es la judicialización de la Política.

En el caso concreto de España, el Tribunal Constitucional está haciendo las funciones del Poder Constituyente en vez de interpretar su voluntad ya como Poder Constituido, pues, ante la indefinición (intencionada) de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas, los políticos han instrumentalizado al Tribunal Constitucional (politización de la Justicia) como tercera cámara legislativa para impedir transferencias de competencias o para forzarlas (judicialización de la Política). En el terreno electoral, no en pocas ocasiones se han usado los recursos de inconstitucionalidad como instrumento no de salvaguarda constitucional, sino de demostración estética del compromiso político con las ideas del sector de votantes que pretenden representar (el “hacerse la foto”), o bien se ha desprestigiado el Tribunal Constitucional si ha dictado una sentencia contraria a algún interés político.

trillo

Soraya Saez de Santamaría y Federico Trillo presentando un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatut de Cataluña (2006)[2].

La Justicia es un poder incómodo para los políticos. Es garante del Derecho frente a los excesos del resto de poderes, públicos y privados. La politización de la Justicia se produce cuando los políticos quieren evitar que se les recuerde su obediencia al Derecho: la Justicia puede retirar una ley demandada por la ciudadanía pero que es inconstitucional (recordemos el Estatut de Cataluña) o puede truncar ambiciones personales (ej.: persecución de la corrupción política).

Los debates sobre reformar la Constitución están más de moda que nunca. Frente a este sistema de elección que a nadie parece convencer, podemos imaginar otros tales como el clásico sistema de elección de entre los mismos jueces, pues se presume que éstos, al ser elegidos por oposición, son menos susceptibles de caer en las presiones políticas. Siendo más innovadores, podríamos imaginar un sistema de rotación aleatoria entre aquellos jueces de carrera que posean ciertos requisitos (experiencia, prestigio, etc.), recordando a alguna práctica similar ocurrida en la Grecia clásica. Más tradicional sería que los magistrados del Tribunal Constitucional fueran elegidos por el Papa o el Rey de entre los arzobispos o la nobleza española: esto garantizaría la no-sujeción de los magistrados a las instituciones del Estado que han de juzgar. En cualquier caso, lo relevante es establecer un sistema de garantías que no tenga su fundamento último en el mismo fundamento que legitima el resto de Poderes: la voluntad popular. Podemos pensar en sistemas de azar (sorteo), sistemas meritocráticos (oposiciones), sistemas de tradición (nobleza, Iglesia), etc. pero todo ello será una falacia si, tras el velo de la ‘burocracia’, el sistema de elección reposa en las mayorías sociales y no en la Justicia, como valor supremo.

Con todo -y sin desmerecer necesarias reformas como la definición de las competencias del Estado y las CCAA-, resulta evidente que sin un refinamiento de la cultura política democrática de nuestras sociedades, sin el desarrollo de normas informales de cortesía institucional y tradiciones de respeto en la competencia política, y, en definitiva, sin sentido de Estado, como expresión de un sentido más amplio de la alteridad en el trato con el resto de fuerzas políticas y como expresión de un sentido más amplio de la temporalidad que supere el instanteísmo electoralista en pos del respeto al Derecho, cualquier diseño institucional de la Justicia está condenado a envilecerse. Así, que la pertenencia pasada de miembros del Tribunal Constitucional a partidos políticos se perciba como un problema no es una causa de su deslegitimación, sino síntoma de la misma, a la vista de que en Alemania no ha generado mayores problemas que los miembros de su respectivo Tribunal sean miembros de partidos políticos (¡al menos son más sinceros!).

PP TC

Rajoy comentando algo a Pérez de los Cobos, Presidente del Tribunal Constitucional y exmilitante del PP[3]

A modo de conclusión, la legitimidad democrática del Tribunal Constitucional, como la del Poder Judicial, consiste en servir de garantía institucional del respeto al Derecho, al contrario que los Poderes Legislativo y Ejecutivo, cuya legitimidad recae sobre su apoyo social. La una sin la otra o la otra sin la una convertiría un Estado en cualquier cosa menos en democrático, pues democracia no es solo votar, sino también respetar los derechos de las minorías, que acabarían siendo violados tanto en un Estado que sólo obedezca al mandato ilimitado de las mayorías, como en uno que las desoiga constantemente.

[1] PSOE. Actualidad. Consultado on-líne en http://www.psoe.es/actualidad/noticias-actualidad/el-grupo-socialista-presenta-recurso-de-inconstitucionalidad-contra-el-macrodecreto-economico-del-gobierno–108001/ el 13/2/2017.
[2] EFE. “El PP presenta su recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto catalán”. El País, 31 de julio de 2006. Consultado on-line en http://elpais.com/elpais/2006/07/31/actualidad/1154333819_850215.html el 13/2/2017.
 
[3] EFE, a través de MEDINA, Francisco. “Rajoy maniobra en Estrasburgo para ‘reservar’ la plaza de Pérez de los Cobos en el Tribunal de Derechos Humanos”. El Plural, 10 de enero de 2017. Consultado on-line en http://www.elplural.com/politica/2017/01/10/rajoy-maniobra-en-estrasburgo-para-reservar-la-plaza-de-perez-de-los-cobos-en-el el 13/2/2017.
 
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Aitor Rodriguez, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la UV y cursando sus prácticas en GOBERNATIA