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9 mar 2017

Consultoria Política y calidad democrática

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Aunque la asesoría política siempre ha existido -recordemos los ‘espejos de príncipe’ del Medievo y la Modernidad-, ésta se ha ido profesionalizando desde la segunda mitad del s.XX hasta nuestros días en cada vez más ámbitos. Un consultor político es un especialista auxiliar de políticos, a quienes han de asesorar en áreas como los discursos, debates, medios de comunicación, campañas, actividad parlamentaria, etc. Pero, ¿cómo influye la consultoría política en la calidad de las democracias? En este artículo analizaremos los aspectos positivos y negativos de esta profesión en cuanto a sus efectos sociales e institucionales.

Cuando el equipo de un consultor político estudia los anhelos, sentimientos y demandas de los votantes, condiciona las propuestas del político para quien trabajan, pues es obvio que éstos han contratado servicios de consultoría para maximizar sus votos. En las democracias herederas del modelo Westminster -caracterizadas por un sistema electoral mayoritario, un sistema bipartidista, un gobierno fuerte y una constitución flexible-, si la sociedad es moderada, los consultores saben que sus candidatos compiten por prácticamente el mismo espacio electoral -el centro-, lo que se traduce en que ambos traten de convencerlo ofertando políticas públicas similares, limitando la brusquedad en los cambios de gobierno. Sin embargo, esto implica dejar sistemáticamente marginadas las demandas de las minorías, lo que las puede empujar a tratar de conseguir sus demandas políticas fuera de las instituciones democráticas. En cambio, en sociedades fragmentadas, con el grueso del electorado en los extremos del espectro político en vez de en el centro, la consultoría política puede ahondar más en esas diferencias, al ser profesionales eficaces en su objetivo de fidelizar el electorado. Por tanto, podemos asignar al consultor un rol como transmisor ascendente de las demandas ciudadanas hacia los políticos o como marginador o exaltador de parte de la ciudadanía.

La política es un servicio muy costoso. No solo en el coste económico de mantener las instituciones, los funcionarios o las políticas públicas. También respecto de los costes de información. El enfoque económico (o Teoría de la elección racional) indica que los comportamientos políticos están determinados por un análisis individual de costes-beneficios. Así, como la participación (informarse, en este caso) conlleva costes para cada votante, pero los beneficios de tomar decisiones políticas informadas se diluyen entre toda la ciudadanía, hayan participado de los costes o no, lo racional es no participar, esperando que el resto del electorado lo hagan por uno mismo -esto es: ser un free rider-. Por tanto, la decisión de recibir información política no recae principalmente en el electorado, los receptores de información, sino en los candidatos, sus emisores. En consecuencia, los consultores compiten por convencer a un electorado que a priori es hostil a gastar su tiempo en escuchar los mensajes políticos, razón por la cual han de simplificarlos y segmentarlos para conseguir crearles interés, facilitar su comprensión y, en definitiva, convencer. Esto confiere al consultor político un papel crucial como dinamizador del electorado para impulsarlo a participar en política; no obstante, el marketing también puede ser usado para desmovilizar a los votantes del adversario, además de la siempre polémica frontera ética entre el marketing y la manipulación política.

En cualquier caso, movilizar todo este volumen de información, en campañas electorales cada vez más amplias, tiene un alto coste -esta vez sí- económico. Éste puede ser susceptible de regulación o dejarse a la libre competencia de los candidatos. A favor de la libertad para gastar en consultores y campañas está el derecho de participación política: ¿con qué derecho nos arrogamos el derecho de impedir a alguien usar sus recursos (tiempo, energía, dinero) en las causas que le plazcan? A favor de la limitación del gasto electoral se posiciona la igualdad de oportunidades: si dejamos libertad total, los costes de participar en política se elevarían hasta tal punto que solo las opciones mayoritarias podrían contratar buenos asesores políticos y llevar a cabo buenas campañas electorales. Contra la libertad de gasto electoral, se puede argumentar que los altos costes de las campañas electorales pueden llevar aparejadas prácticas corruptas; sin embargo, la consultoría política no siempre incrementa el coste de una campaña: también puede reducir gastos poco eficientes por vía de la innovación (ej.: segmentando los votantes o mejorando la investigación sociológica previa). Contra la limitación de la libertad de gasto, experiencias recientes como el auge de Podemos o Ciudadanos demuestran que organizaciones con pocos recursos pero con una buena estrategia electoral pueden competir con organizaciones mucho más consolidadas en las instituciones y con muchos más recursos.

Desde el enfoque de la democracia participativa, la participación política genera solidaridad grupal, satisfacción personal, políticas públicas más informadas y legitimadas, y un mayor control de la ciudadanía sobre los políticos. Por contra, el enfoque elitista defiende que la participación provoca intolerancia con los otros grupos con los que se compite -en consonancia con la condición suma-cérica del poder (se tiene poder en la medida que otros no lo tienen)-, genera desilusión personal -por el abismo entre los objetivos esperados y los logros conseguidos-, incrementa la ineficiencia en el gasto público -al incentivar la formación de clientelas políticas y caer en presiones de lobbies y movimientos sociales- y hace peligrar la estabilidad democrática -al acabar superando las movilizaciones la capacidad de las instituciones para absorber las demandas-. Si aceptamos como válido el referido rol del consultor político como movilizador o desmovilizador de los ciudadanos, estamos otorgando una gran relevancia institucional a los consultores, tanto positiva (movilizador para la teoría participativa y desmovilizador para la elitista) como negativa (desmovilizador para la teoría participativa y movilizador para la elitista), pero relevante al fin y al cabo.

Como en la mayoría de asuntos que conciernen a las Ciencias Sociales, y muy especialmente a la Política, no tenemos unas conclusiones únicas. La consultoría política será beneficiosa o perjudicial para la democracia según muchos factores: desde la propia concepción de la democracia que tenga cada ciudadano (participativa o elitista), hasta el rol incentivador o desincentivador de diversos modos de participación que ocupe cada consultor político en un momento dado. Quizá la pregunta correcta no es si la consultoría política es buena o mala. La consultoría política existe porque funciona: hace ganar elecciones. Por tanto, ningún político serio estará dispuesto a renunciar a ella. Entonces, la pregunta correcta sería: ¿cómo podemos mejorar la democracia desde la consultoría política? En este caso, la solución no irá por la vía de la prohibición o limitación de todo el colectivo, sino por la vigilancia y autovigilancia del respecto a los códigos deontológicos y al compromiso de los consultores con los valores democráticos.

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Aitor Rodriguez

Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la UV y en prácticas en GOBERNATIA

@Aitor1rc